Gobierno y Fiscalía justificaron finalización de convenio por contratación de Ernesto Muyshondt como asesor de OEA
La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) fue una promesa de campaña del presidente de la República, Nayib Bukele, para sus primeros 100 días de gobierno.
Veintiún meses después, el fiscal general recién nombrado por la bancada oficialista y el presidente de la República anunciaron el fin del convenio con la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El 6 de septiembre de 2019 el Presidente había asegurado: “El único que se puede oponer a la CICIES es el corrupto”.
¿Qué hizo la CICIES?
La CICIES era una instancia de asistencia técnica a la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones de control en El Salvador. En enero de 2020, la FGR requirió asistencia técnica para investigar tres casos: la última etapa del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, la asignación del subsidio al transporte público de pasajeros y la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), tres investigaciones que apuntaban a gobiernos anteriores.
El 18 de marzo de 2020, Bukele también pidió a la CICIES dar seguimiento a la ejecución de los fondos para la emergencia por la pandemia del covid-19 con el objetivo de evitar la corrupción. La CICIES contrató a un equipo para lo cual la misma Presidencia dio fondos y programó seis meses de trabajo. La asistencia inició la semana del 17 de abril de 2020.
“Vamos a buscar alguna organización internacional, otra, distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”. Nayib Bukele, presidente de la República
En el año de la pandemia, la Fiscalía había informado de tres avisos recibidos de la CICIES entre mayo y diciembre de 2020.
Fue el 7 de abril de 2021 que el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, reveló que ya habían entregado 12 avisos de posibles ilícitos en cinco carteras de Estado, como parte de las 25 asistencias solicitadas, una auditoría al 85 % de los fondos de la pandemia y siete investigaciones integrales.
En esa ocasión, Ochaeta señaló límites que tenía la CICIES: “Espacios frágiles y tiempos inciertos” y una falta de regulación que permitiera alcanzar a las personas particulares involucradas en la corrupción.
“Voy a dar por terminado el convenio de cooperación con la CICIES, (enviaré) la correspondencia para que en 30 días cese todo tipo de cooperación”. Rodolfo Delgado, Fiscal general de la República
Esas declaraciones no fueron presenciadas por el presidente Bukele, sino por Ricardo Zúñiga, enviado especial de la administración Biden a El Salvador, quien además anunciaba una inyección de $2 millones para la CICIES.
Los cambios.
Veintitrés días después, en su primer día de ejercicio del periodo 2021-2024, la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general y nombró a uno nuevo que, en su primer mes, dio por terminado el convenio con la CICIES. La razón expuesta por el fiscal Rodolfo Delgado fue la contratación como asesor que según Luis Almagro, secretario general de la OEA, hizo de Ernesto Muyshondt, procesado judicialmente por agrupaciones ilícitas con pandillas.
El proceso contra Muyshondt no es nuevo. Es conocido públicamente desde julio de 2020 e incluso lo obligaba a ir a firmar cada mes al Juzgado como medida alterna a la detención.
“La CICIES debe poner a disposición de toda la población todo el trabajo que se ha hecho incluyendo los expedientes de avisos a la Fiscalía”. Ricardo Castaneda, Investigador ICEFI
Las organizaciones locales reaccionaron urgiendo a la comunidad internacional medidas de presión en la cooperación y financiamiento, así como hacer públicas las investigaciones que ha realizado la CICIES y que entregó a la Fiscalía. “Esos casos posiblemente explican el porqué de todo el desmantelamiento”, dijo Ricardo Castaneda, investigador del ICEFI.
La embajada de los Estados Unidos en El Salvador lamentó la decisión, pero anunció que seguirán buscando la forma de combatir la corrupción y la impunidad.
“Qué fácil se ha vuelto desmantelar comisiones internacionales en Centroamérica. Con CICIG hubo que pagar lobistas y armar la intromisión rusa. Con MACCIH se alegó politización”. Tiziano Breda, Analista de Crisis Group para Centroamérica
Duración de la Comisión contra la impunidad en El Salvador
La CICIES se estableció por medio de un convenio entre el gobierno de El Salvador con la Secretaría General de la OEA, para que investigara casos relacionados a la corrupción y para brindar asistencia técnica al trabajo de la Fiscalía.
- Septiembre 6 de 2019
El Gobierno y la secretaría general de la OEA anuncian la instalación de la CICIES para apoyar a las instituciones sobre la corrupción.
- Septiembre 20 de 2019
Se firma el acuerdo marco para establecer la CICIES. El Gobierno se compromete a entregar $250,989 para su funcionamiento.
- Abril 17 de 2020
La CICIES inicia asistencia técnica y monitoreo de fondos de emergencia sanitaria covid19, a solicitud del presidente Nayib Bukele.
- Marzo 25 de 2021
CICIES propone reformas legales para fortalecimiento institucional contra la corrupción. Pide se permitan los querellantes.
- Abril 7 de 2021
Gobierno de Estados Unidos anuncia la donación de $2 millones a la CICIES y la CICIES revela que ya entregó 12 avisos de investigaciones.
- Mayo 1 de 2021
El Ejecutivo toma el control de la Fiscalía General, instancia a la cual la CICIES le había entregado 12 avisos de supuesta corrupción.
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El secretario general de la OEA publica una fotografía con Ernesto Muyshondt, quien desde 2020 enfrenta un proceso judicial.
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La Fundación Seattle Internacional y organizaciones civiles centroamericanas lanzan un centro regional contra la corrupción.
- Junio 4 de 2021
Anuncian fin del acuerdo con la CICIES por la contratación de Muyshondt. Bukele promete instalar otra y dice desconocer los 12 casos.
- Junio 4 de 2021
La Embajada de Estados Unidos en el país lamenta la decisión de “cerrar su cooperación con la CICIES”.
El dato
La CICIES anunció la entrega de 12 avisos a la FGR relacionados a 5 carteras de Estado. Organizaciones criticaron que estas no tuvieran calidad de denuncias.