El informe revela que todos los países ricos, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita mayor a $40,000, “son transparentes”. “La corrupción crea pobreza. Ningún país corrupto es rico y ningún país rico es corrupto”, dice Niels Ketelhöhn, autor del estudio.
De acuerdo a la investigación, 13 de 21 países empeoraron su calificación en el índice de corrupción entre los años 2012 y 2017, y 15 de las naciones de mayor población de la región están posicionadas en la mitad más corrupta de los 180 países evaluados por la organización Transparencia Internacional en 2017.
El estudio sostiene que el 29 % de la población latinoamericana entrevistada por esta organización reportó haber pagado sobornos en algún servicio público.
El Salvador no ha empeorado pero está estancado. Jaime García, investigador senior del INCAE y director de índice de progreso social para la región, explicó a Diario El Mundo que lo que pasa es que “no hemos hecho bien las cosas” y “el resto del mundo ha avanzado contra la corrupción”.
Los índices de transparencia de El Salvador de 2014 a 2017 han sido 38, 39, 39, 36 y 33, en escala de 100 de transparencia, cayendo del lugar 69 al lugar 92. Guatemala ocupa el lugar 120 y Nicaragua el lugar 128.
De acuerdo al estudio, la corrupción disminuye la efectividad del Estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos y aumenta los costos de transacción, ahuyenta la inversión privada y distorsiona los esfuerzos del talento empresarial. “Es un ancla que impide el desarrollo integral de América Latina”, señala.
El estudio encontró que existe una correlación comprobada entre la corrupción y el daño en salud, educación, libertades personales, seguridad personal y vivienda.
También señalaron corrupción política. “El financiamiento ilícito de las campañas electorales es parte de la génesis de la corrupción a muy alto nivel” –observan– ya que “puede generar compromisos financieros significativos que el nuevo partido de gobierno tratará de cumplir mediante concesiones para sus benefactores privados sino que también pueden secuestrar la agenda estratégica para el desarrollo de la nación”.
