La Comisión de Economía recibió a titulares de Competencia y Minec. / Asamblea Legislativa
La Superintendencia de Competencia (SC) confirmó ayer que una cantidad reducida de grandes empresas internacionales cuenta con una “posición dominante” sobre otras compañías, debido al uso arbitrario de datos personales y a la falta de regulación en dicha materia en la región.
El superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, dio su opinión ayer a los diputados de la Comisión de Economía sobre los anteproyectos de Ley de Protección de Datos Personales y Hábeas Data, que consideró “de gran relevancia para la economía digital y el resguardo de los derechos ciudadanos” como la autonomía sobre sus datos.
El funcionario valoró las iniciativas “positivas” pero de corto alcance, debido a que no incluyen artículos sobre el derecho de portabilidad de datos personales, “el principal activo de la era digital”.
“Desde el punto de vista de Competencia, como este activo lo tiene una empresa, esto genera mucho poder y posición de dominio y hay casos así. Lo que nosotros queremos es que esta empresa no tenga todos estos datos, que no sean exclusivos de esta, sino que dé beneficio al usuario”, aseguró.
El artículo 29 de la Ley de Competencia establece que, para determinar si un agente económico tiene “una posición dominante” en el mercado, debe considerarse su participación en el referido mercado y la posibilidad de fijar precios de manera unilateral o restringir el abastecimiento a otros competidores; la existencia de barreras de entrada a otras empresas; y el acceso a fuentes de insumos.
Sobre los datos principales, el principal insumo de estas empresas, indicó, “muy pocas han almacenado y acaparado esta información que en realidad pertenece a cada salvadoreño”.
El diputado del FMLN, Rodolfo Martínez, explicó que empresas tecnológicas “de gran envergadura” no mencionadas “por razones éticas” en la Comisión, utilizan los datos de usuarios a discreción por la “falta de normas claras”.
La Unión Europea (UE), recordó, creó normativas para dar más control a los ciudadanos sobre su información personal, obligando a grandes compañías como Google y Facebook a hacer cambios significativos en sus políticas de privacidad y protección de datos personales.