Representante demócrata Norma Torres.
Ayer la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU aprobó una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) con la que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción, además de conocer la identidad de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica.
La enmienda presentada por la congresista demócrata Norma Torres, y que recibió el apoyo bipartidista, pretende no solo reforzar el trabajo anticorrupción, sino también proteger el financiamiento para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y Impunidad en Honduras, dos órganos que han mostrado avances en sus objetivos, según el gobierno estadounidense, pero que están en la mira de funcionarios ligados a redes de corrupción, delincuencia organizada y narcotráfico.
“Hoy el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”,expresó la legisladora Norma Torres, a través de su página oficial en internet https://torres.house.gov/
Torres subrayó que la enmienda, que se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, requerirá que el Secretario de Defensa de EEUU elabore una lista de funcionarios de los gobierno centroamericanos que están involucrados en actos de corrupción.
"No debería sorprendernos que los funcionarios corruptos en Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción”, dijo Torres, "pero eso no significa que debamos aceptarlo. Es hora de que nos pongamos hombro con hombro con nuestros aliados verdaderos de la región al perseguir directamente a algunos de estos malos actores”.
Torres sostiene que la aprobación de la enmienda se produce mientras los funcionarios corruptos y las redes de delincuencia organizada en Centroamérica están intensificado sus esfuerzos para revertir la lucha contra la corrupción, y señala que en Honduras, El Salvador y Guatemala las legislaturas han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción.
"Al mismo tiempo que los fiscales, los jueces y los líderes de las organizaciones internacionales contra la corrupción han enfrentado campañas de difamación y amenazas contra sus vidas", funcionarios y financista de la corrupción en la región extienden sus tentáculos hasta Washington para para influir en la política anticorrupción de Estados Unidos en Centroamérica, reitera Torres.