De “ilegal” calificó ayer la diputada Jackeline Rivera la aplicación de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que autorizó la Sala de lo Constitucional, el 11 de enero recién pasado, cuando admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Probidad.A criterio de la legisladora, la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para “revivir” una ley muerta, pero sí para sacar del ordenamiento jurídico una normativa.

“Qué me diga en qué parte de la Constitución de la República dice que puedo revivir una ley muerta a través de una resolución judicial. En ninguna parte, por eso digo: es delicado el precedente, es ilegal lo que se está haciendo y me parece que seguir aplicando esta ley (sobre enriquecimiento ilícito) no nos va a llevar a ningún lado”, dijo Rivera.

La legisladora brindó estas declaraciones luego de conocer que Corte plena ordenó, el martes, a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia iniciar auditorías contra los expresidentes de la República, Alfredo Cristiani y Armando Calderón, y el exvicepresidente, Salvador Sánchez Cerén.

El diputado del PCN y exvicepresidente de la República (1989-1994), Francisco Merino, señaló que la orden de los magistrados de la Corte en el caso del exmandatario Cristiani “está lejos”, porque fue hace más de 20 años. Merino explicó que, según el artículo 240 de la Constitución, el periodo para investigar a un funcionario es 10 años después de terminado el mandato.

“Sugeriríamos respetuosamente que la Sala saque ese listado de los que están llegando a esos 10 años de vencimiento, porque, si no los examinan ahorita, una vez lleguen a los 10 años, no los van a poder examinar”, acotó Merino. También, el diputado del PDC, Arnoldo Marín, dijo que es obligación de la Sección de Probidad investigar, pero preocupa que sea persecución contra funcionarios públicos.