El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, defiende la Ley de Extinción de Dominio como herramienta para combatir las redes criminales y el lavado de dinero mediante la extinción de sus bienes, pero sugiere correcciones y “denuncias parciales” ante convenios internacionales.
La Sala podría resolver esta semana si la reforma aprobada el 18 de julio de 2017 (decreto 734) es constitucional o no, y si disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio violan o no derechos constitucionales.
Fuentes de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador advirtieron que si la reforma es ratificada por la Sala, el país no cumpliría recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Estado de El Salvador cerraría sus puertas financieras internacionales.
El diputado de ARENA dijo que esperan la sentencia para “poder hacerle las correcciones necesarias sin quitarle los dientes”. Cree que debe haber prescripción aunque mayor a los 10 años aprobados en la reforma. Se le preguntó si esto sería legalización de bienes ilícitos por el Estado y respondió que si las instituciones funcionaran correctamente no debería haber problema. “Es igualito que la pena de muerte”, dijo.
Sin embargo, advirtió que si se debilita la ley “pueden venir inversiones oscuras” y sería “peligroso para la estabilidad democrática republicana”.
Mario Tenorio, diputado de GANA, aseguró que todo dependerá de lo que resuelva la Sala. No ve en riesgo la estabilidad democrática como Vargas y asegura que acatarán: “Si las expulsa del ordenamiento jurídico, nosotros siempre hemos acatado las resoluciones de la Sala, vamos a esperar”.
