Transporte público circula tras más de cuatro meses de no hacerlo./Fotografía: Diego García.
La reforma a la Ley de Transporte Terrestre impulsada por el Gobierno incorpora infracciones y sanciones administrativas para el transporte colectivo, que pueden terminar en multas de $500, suspensión temporal del servicio o revocatoria de la concesión o permiso, dependiendo de la gravedad de la falta.
En las infracciones leves está el incumplimiento de horarios, retardar la salida de terminales o puntos, incumplir con las paradas autorizadas, maltrato al usuario y no usar las terminales autorizadas, que tendrán una sanción de $500.
Entre las infracciones graves está que los empleados del sector agredan a los inspectores del Viceministerio de Transporte, que designen conductores no autorizados, que excedan la capacidad del vehículo en peso o cantidad de pasajeros y que cobren tarifa no autorizada. Entre las muy graves, está incumplir con la prestación del servicio.