El demandante contra la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, la base del sistema actual de pensiones, Óscar Canjura, evalúa la posible presentación de un recurso de revocatoria ante la improcedencia declarada por la Sala de lo Constitucional, el lunes.
Según Canjura, el rechazo del tribunal constitucional deja “un sinsabor” porque los magistrados han cambiado el criterio para admitir demandas en donde se presenten aparentemente aspectos de mera legalidad.
Puso un ejemplo: la aprobación de la emisión de bonos por $900 millones, avalada por la Asamblea Legislativa en abril de 2015, cuya demanda de inconstitucionalidad fue admitida por la Sala de lo Constitucional y es analizada, luego de haber suspendido la emisión de los títulos como medida cautelar.
Canjura sostiene que en este caso se discutía la potestad de un diputado suplente para ejercer un sufragio en el pleno, normado en el reglamento de la Asamblea. “Ahí sí se admite de forma exprés y, en este caso, se argumenta que es un aspecto de mera legalidad la violación por parte de diputados que no formaban la Comisión de Hacienda”, dijo.
El 17 de marzo de 2016, los abogados presentaron una demanda ante la Sala para dejar sin efecto el actual sistema de pensiones y regresar al de reparto. Argumentan que el dictamen que aprobó la Asamblea Legislativa en 1996 no contó con las firmas ni con el número de diputados necesarios, según el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.