El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró este lunes que no puede actuar de oficio ante una posible desobediencia a resoluciones de la Sala de lo Constitucional de parte de funcionarios, a menos que exista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Advirtió que en ese caso actuarán con todo el peso de la ley.
Si hay algún funcionario que de manera indiscriminada, que de manera arbitraria prohibe la entrada de un salvadoreño al país va a ser procesado, pero para eso debemos tener conocimiento, hay algunos abogados que manifiestan que existe coacción de parte del Gobierno hacia las aerolíneas. Si hay alguna aerolínea que se sienta coaccionada, que lo denuncie y nosotros vamos a proceder de acuerdo a lo que la ley nos ordena; en eso no nos va a temblar la mano, pero tampoco podemos adelantarnos y determinar que hay un incumplimiento de la Sala cuando está no lo ha dictaminado. Fiscal general de la República, Raúl Melara.

Una decena de organizaciones salvadoreñas pidieron, el pasado sábado, al fiscal Melara que “promueva las acciones legales respectivas” ante los abusos de poder, violación de derechos humanos y desobediencia a resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de parte del gobierno de Nayib Bukele. Además exigieron al mandatario respetar la Constitución y las resoluciones emitidas por la Sala.

La exigencia surgió luego de conocerse que el Gobierno continuará con la medida de pedir una prueba PCR covid-19 a salvadoreños y extranjeros que busquen ingresar al país pese a que la sentencia de la Sala de lo Constitucional indica que el ingreso a territorio nacional solo se puede suspender mediante un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa.

Melara afirmó que será la misma Sala la que determine el incumplimiento de los fallos. Además reiteró que deben ser los salvadoreños, a través de una denuncia, los que darán paso para que el Ministerio Público pueda investigar: "Si alguien se siente coaccionado pues que nos ponga la denucnia y vamos a proceder con todo el peso de la ley".

El fiscal dio las declaraciones vía llamada al programa Frente a Frente, al momento que era entrevistado el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, quien aseguró que no se le está impidiendo la entrada al país a nadie e instó a quien se sienta coaccionado a que denuncie ante la Fiscalía, de quien espera cumpla la ley de forma "parcial y justa".

La tarde del pasado 16 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió los efectos de la circular de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la que informaba a las líneas aéreas de la petición de una prueba PCR de covid-19 negativa para ingresar al país, a partir del 19 de septiembre, cuando reabra el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El argumento de la Sala fue que no existe un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa y que rechazar el ingreso de un salvadoreño o de un extranjero con residencia en el país es restringir el derecho del ingreso al territorio.

Bukele afirmó que la sentencia de la Sala tiene vicios de forma y fondo porque no consultó al Ministerio de Salud (Minsal) sobre la medida de exigir pruebas de coronavirus ya que el país no puede aceptar a miles de viajeros diarios sin control.

Además, el mandatario añadió que todas las aerolíneas que busquen aterrizar en el país deben pedir a sus pasajeros pruebas negativas del virus realizada con 72 horas antes del viaje.