Proporcionalmente, la Fiscalía General de la República ha recibido un 4.9 % desde 2016, según información proveída por el Ministerio de Hacienda, de un total de $207 millones que ha recibido el Estado de la contribución para la seguridad cargado a las llamadas telefónicas, servicios de cable y compra de accesorios telefónicos, entre otros.
La mayor parte de los fondos se destinan así: $102.1 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad, un 49.2 % del monto total; $49.3 millones al Ministerio de Defensa, un 23.7 %; y $20.02 millones son administrados por la Presidencia de la República, un 9.6 %.
Estos fondos son destinados para el pago de bonos a policías y militares, así como para programas de prevención administrados por las diferentes carteras de Estado.
El Ministerio de Educación, por ejemplo, ha utilizado estos fondos para asistencia psicosocial en centros educativos, restauración de centros educativos. El Ministerio de Salud ha invertido fondos en espacios para atención a víctimas de hospitales Zacamil, Soyapango, Zacatecoluca, Santa Ana, Usulután y Jiquilisco.
El Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), que depende de la Presidencia de la República, registra gastos en programas de jóvenes para habilidades y competencias para la vida y el trabajo, contratación de plazas, equipamiento de sedes, viáticos a jóvenes facilitadores, pasantías laborales especializadas y cursos de especialización en carreras técnicas. Los fondos también incluyen apoyo a municipios para proyectos de recuperación de espacios públicos, actividades culturales, mejoras en infraestructura como canchas de fútbol y baloncesto, zonas verdes, entre otros.
Los datos corresponden a las transferencias de fondos reportados por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuya Dirección General de Contabilidad Gubernamental informó que les resulta imposible identificar los gastos específicos de estas contribuciones.
