El FMLN y Nuestro Tiempo citaron el artículo 21 de la Constitución.
Diputados de oposición cuestionan la aplicación de la clasificación de orden público a las leyes y reformas que se promueven desde el Órgano Ejecutivo y son abordadas sin mayor discusión por los partidos oficialistas de la Asamblea Legislativa.
El artículo 21 de la Constitución de la República establece las facultades de determinar esta clasificación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El término fue incorporado en la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19, aprobada el 5 de mayo y en la reforma pedida al Código Procesal Penal.
Que las instituciones se fortalezcan y sean independientes. Lamentablemente entre lo que dice la ley a lo que se practica hay una diferencia que es grave”. Dina Argueta, diputada del FMLN
Inconstitucional.
La Constitución dice en el artículo 21: “Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. La Corte Suprema de Justicia tendrá siempre la facultad para determinar, dentro de su compentencia, si una ley es o no de orden público”.
En la petición de reforma al Código Procesal Penal sobre la no prescripción de los delitos de corrupción se agrega una declaratoria de orden público y retroactividad.
Como lo establece la Constitución es a criterio de la misma Corte, por tanto no es a criterio del legislador y me parece que la jurisprudencia de la Sala lo estableció”. John Wright, diputado de Nuestro Tiempo
Para la diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el sistema democrático “ha sido lacerado”. “Lo que vemos es que las decisiones se están tomando desde un espacio y se aplica en la generalidad de las diferentes instituciones, ese es el problema. Sabemos la misma CSJ cómo ha sido su nombramiento, entonces da mucho qué pensar”, dijo Argueta.
John Wright, de Nuestro Tiempo, dijo que ha tenido pláticas con juristas y abogados sobre cómo proceder en casos de leyes que tienen vicios de inconstitucionalidad.
“Porque hay quienes creen que presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Corte actual se estaría validando a la misma; por tanto, reiteró que el esquema que quedó planteado el 1 de mayo es uno de inseguridad jurídica para nuestro país”, expuso.
La prescripción a diez años era un jueguito que tenían los gobiernos, que salía un presidente y llegaba el otro lo cubría y ahí se iban terminando los años”. Juan Carlos Mendoza, diputado de Gana
Proceso.
El diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) Juan Carlos Mendoza entiende el orden público para la reforma de quitar prescripción. “Tenemos que saber que es para beneficio de las mayorías, en el tema de la prescripción estamos hablando que beneficia a la gente que ha hecho el daño al país, creo que eso no va con nuestros tiempos, debemos hacer esos cambios”, dijo.