En su informe “El Salvador, año político, junio de 2017-mayo de 2018”, el Departamento de Estudios Políticos (DEP) de Fusades fundamenta el deterioro institucional de la seguridad en la existencia de conductas ilícitas de policías, corrupción administrativa y una crisis al interior del desmantelado Grupo de Reacción Policial (GRP) por el crimen de la agente Carla Ayala.
El DEP asegura que el desgobierno se muestra por la escasa relevancia que tomó la seguridad pública en la agenda de Casa Presidencial, al no haber cambios en el gabinete de seguridad, luego de los resultados electorales del 4 de marzo. A los puntos negativos, el DEP suma la penetración de las pandillas en actividades económicas, la afinidad de las pandillas con alcaldías, los feminicidios.
Como puntos positivos, señala la reducción de homicidios en el año analizado y la ampliación de cárceles aunque considera que el hacinamiento carcelario sigue siendo alto. Fusades dice que los planes de seguridad del Gobierno se pueden reducir en tres medidas: enfrentamientos de fuerzas de seguridad y pandilleros, endurecimiento del régimen penitenciario y la recaudación de contribución especial para la seguridad.
Pese a esas tres medidas, el DEP señala que el Gobierno “evidencia una falta de rumbo en materia de seguridad”. “El objetivo se ha reducido a entregar el país al próximo Gobierno, al menos en una situación de homicidios que había cuando lo recibió”, analiza en la evaluación.
Gobierno destaca baja de homicidios
El Gobierno enumera 12 logros en seguridad y prevención de la violencia. De acuerdo al informe del cuarto año, divulgado ayer, hace dos años, había 20 homicidios diarios y “por primera vez se ha reducido 9.9 homicidios por día”.
Sánchez Cerén recibió el actual Gobierno con un promedio diario de 10.7 en el año 2014. Un año después, en 2015, aumentó a 18.1 y, en 2016, bajó a 14.4 y en 2017 a 10.8.
El Gobierno también suma a sus logros el diseño del Plan El Salvador Seguro y dice que el país tiene “la mejor Policía en Centroamérica”.
A ello suma la disminución del hacinamiento carcelario de 347 % en 2014 a 210 % en 2017, los programas de prevención de la violencia, mejoramiento de puestos policiales, recuperación de espacios públicos y una reducción del 12 % en las denuncias de extorsiones.