“Decide sobre un asunto que no ha nacido a la vida jurídica, modo que se basa en una especulación de lo que cree que será su contenido”, reza el boletín del tanque de pensamiento que explicó que la Asamblea está realizando “una deliberación” sobre la ley y que ello “está dentro de sus facultades constitucionales”.
Según Fusades, la resolución de la Corte Interamericana tiene “graves errores”, al mencionar que el mandato de la Asamblea concluye el 31 de mayo de 2019, cuando argumenta que el trámite legislativo ha ido avanzando “muy rápidamente” para aprobar la ley “con la composición actual del Congreso”.
De acuerdo a la Fundación, la resolución de la Corte Interamericana es “un ejercicio equivocado de las facultades de la CIDH en relación al derecho constitucional salvadoreño” porque sostiene que la Asamblea “está actuando en cumplimiento de una orden del máximo intérprete de la ley primaria”.
El fallo de la CIDH
El 28 de mayo, el presidente de la CIDH requirió ayer al Estado salvadoreño suspender inmediatamente el trámite de la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”. Representantes de las víctimas de la masacre en El Mozote solicitaron medidas de interrumpir el trámite ante el riesgo de daño irreparable.
Ayer, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, reiteró que no acatarán el fallo y que seguirán realizando una consulta con los sectores.
El caso
14/05/2019
Se conoce públicamente un borrador elaborado por Rodolfo Parker en el cual se permite sustituir la prisión por trabajo de utilidad pública. Posteriormente, Parker renuncia de la comisión y ésta concluye sus funciones.
13/05/2019
La Comisión Política de la Asamblea recibe un informe elaborado por la comisión ad hoc con un proyecto de ley de reconciliación nacional que exime prisión. Decide conformar una subcomisión y ésta emite un proyecto similar.
24/05/2019
Luego de llamados de EE.UU., embajadores de la Unión Europea, de más de 30 organizaciones de derechos, la Asamblea desiste de aprobar ese día una ley que permite sustituir la prisión en delitos de lesa humanidad.