Según Fusades, la Asamblea debe devolver el proyecto de presupuesto al Consejo de Ministros para que se incluyan “todos los gastos omitidos” o el Ejecutivo debe enviar las modificaciones a la Asamblea. Considera que las argumentaciones contrarias “están más influenciadas por intereses políticos de mantener la práctica de presentar presupuestos no transparentes”.
El artículo 167 de la Constitución indica que el Consejo de Ministros debe presentar el presupuesto “por lo menos tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal”. Fusades dice que la fina-lidad no es prohibir “la interacción necesaria” entre órganos una vez finalizado septiembre.
El presupuesto de 2017 debe cumplir reglas de ajuste fiscal acordadas en la Ley de Responsabilidad Fiscal que iniciará su vigencia en enero. Esa ley obliga a un gasto presupuestado congruente con los ingresos corrientes netos y a iniciar un periodo de ajuste y sostenibilidad fiscal que finalizará en 2027. El ministro de Hacienda puede ser interpelado si no cumple los artículos 2, 7, 8 y 10, referidos a equilibrio fiscal a largo plazo, periodos de consolidación fiscal y sostenibilidad fiscal, y balances primarios positivos: que los egresos no superen a los ingresos.
La gran pregunta de los diputados es cómo modificar el presupuesto que ya tienen en sus manos, pero que no incluyen gastos por unos $800 millones.