La institución sugiere, en una posición institucional publicada este martes, una reforma a la LAIP para fortalecer la autonomía y la estabilidad de los oficiales, regulando de manera detallada las causales de remoción de los oficiales.
Fusades pide que cualquier remoción de un oficial de información vaya acompañado de garantía al “debido proceso”, permitiendo el respectivo “derecho de defensa y de audiencia”.
Para la institución, la estabilidad de los oficiales de información debe depender “de su desempeño ético y del cumplimiento de las obligaciones” legales. En diciembre de 2016, el IAIP recomendó que el oficial de información “no puede ser designado o removido por el ministro u otros responsables o en cambios de jefaturas por coyunturas de cualquier tipo”.
Fusades recordó que la labor de algunos oficiales ha sido obstaculizada y mencionó casos específicos ocurridos antes del inicio del actual Gobierno.
En abril de 2019, la oficial de información del Ministerio de Trabajo denunció haber sufrido acoso laboral en el cumplimiento de sus funciones y amenazas de remoción de su cargo, como represalia por haber entregado documentación que podían afectar a la ministra. En este caso, el IAIP abrió un proceso sancionatorio contra la ministra de trabajo.
También menciona que en 2016, la oficial de información de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), denunció ante el IAIP que estaba siendo obligada a comunicar diariamente a la gerencia general de la CEPA de todas las solicitudes de información pública que recibía.