“Cada 48 horas muere una persona ahogada en el país, mueren alrededor de 217 personas al año, el 46 % de las personas que mueren son menores de 24 años y en su gran mayoría son hombres”, dijo Gallegos.
Agregó que en países de Sudamérica hay legislaciones similares y que por efectos del cambio climático, las corrientes marinas “se han vuelto más riesgoso para nosotros”, dijo.
La propuesta establece que quienes presten servicios de carácter turístico, recreativo, deportivo o educativo en áreas acuáticas, sean abiertas o cerradas, estarán obligadas a brindar el servicio de seguridad acuática y salvamento a los usuarios de esos espacios.
“Este es un flagelo silencioso que afecta a los países de ingresos medios o ingresos bajos, el ahogamiento es prevenible”, dijo Otoniel Almenar, presidente de la Asociación de Guardavidas Profesionales de El Salvador.
La ley dejaría la rectoría al Ministerio de Gobernación, que deberá realizar un reglamento. También establece la certificación de los guardavidas.