El decreto fue un régimen transitorio que dejó sin efecto los procesos tributarios de los impuestos que las direcciones generales de Impuestos Internos y Aduanas administraban, “cuyas fiscalizaciones, proceso de audiencias y apertura a pruebas o de determinación de impuestos, disminución de saldos a favor, ajustes de remanentes de crédito fiscal o imposición de multa” estaban en trámite.
La aprobación del decreto tuvo como base la declaración de inconstitucionalidad a reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el Código Tributario, y la aprobación de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2018.
Diputados de Nuevas Ideas dieron su anuencia a crear una comisión especial para el tema. “Esos $280 millones del decreto 127 ya vamos a averiguar qué se hicieron, a quiénes pertenecían, por qué se barrieron esas auditorias. Yo sé que hay exdiputados involucrados y ya imagino alguno que se fue a Alemania tiene que ser”, dijo el diputado William Soriano.