Gobierno busca aumentar las sanciones por ilícitos.
El gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, está proponiendo a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas al Código Penal para aumentar las sanciones a delitos relacionados con armas de fuego.
Las reformas buscan subir hasta 15 años de cárcel algunas conductas delictivas y hasta 20 años para la fabricación o tráfico ilegal de armas de fuego, entre otras.
“Las cuales tendrían por finalidad proteger a todos los grupos vulnerables para evitar su utilización en actos delincuenciales, aumentar las sanciones para las conductas ilícitas relacionadas con armas de fuego, así como asegurar la vinculación de los imputados al proceso”, dice la nota suscrita por el ministro, Gustavo Villatoro.
Tenencia de armas.
El pasado 27 de mayo, el funcionario adelantó en la Comisión de Seguridad de la Asamblea que buscarían una reforma a ocho artículos del Código Penal sobre las sanciones en todo lo relacionado a las armas de fuego.
Actualmente, el Código establece una pena de prisión de 4 a 10 años para la tenencia, portación o conducción de una o más armas de guerra. La reforma que piden al artículo 346 es que la tenencia, portación o conducción ilícita de armas de guerra se sancione con 10 a 15 años de prisión.
En la misma vía, se pide un aumento a un rango de 10 a 15 años de cárcel por la fabricación, portación, comercio ilegítimo de armas de fuego o explosivos caseros o artesanales. Actualmente, la pena va de 4 a 8 años de cárcel.
Tendrían por finalidad asegurar la vinculación de los imputados al proceso penal cuando el plazo máximo legal para la detención provisional ha vencido”. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad
Sin licencia y minas.
También piden hasta 15 años de prisión para quien porte un arma de fuego sin licencia para su uso o matrícula correspondiente, quien porte armas en lugares prohibidos legalmente, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas; y a quien proporcione un arma de fuego a menores de edad.
Además, el Gobierno propone duplicar la pena máxima sobre las minas antipersonales. “El que empleare, desarrollare, produjere, adquiriere, almacenare, conservare o transfiriere una o más minas antipersonales, será sancionado con prisión de 15 a 20 años”, dice la iniciativa de reforma al artículo 346-C.
También solicita subir de diez a 20 años de prisión los delitos relacionados a la importación, exportación, depósito, almacenamiento, transporte y cualquier actividad ilegal de tráfico de armas de fuego.
Para quienes provean armas, municiones, explosivos a agrupaciones ilícitas o crimen organizado, pide una sanción de 10 a 30 años de prisión. De momento, la pena oscila entre 5 y 16 años.
Agrega también un apartado de “agravación especial” si los delitos se cometen en circunstancias de un listado propuesto.
Protección a vulnerables.
La solicitud de reforma incluye crear un acápite relacionado a la utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad para cometer delitos. “El que induzca, facilite, utilice, obligue, promueva o instrumentalice a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o a cualquier persona en condición de vulnerabilidad para cometer delitos, será sancionado con prisión de 15 a 20 años”, dice la redacción del artículo 153-A. La sanción aplicaría para quien reclute o induzca la incorporación de personas vulnerables a agrupaciones ilícitas.