Por una parte, el director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), Jaime Campos, objetó la creación del Instituto de Facilitación de Trámites (Indefácil). “Para eso existe el OMR”, dijo. Aseguró que es “competencia y atribución” del OMR.
Campos señaló que el OMR es fruto del encuentro público-privado en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad, en Miami, Estados Unidos.
Además, aseguró que les conceden la rectoría de la ley, el OMR sería el encargado de la simplificación de trámites y ello “sería un reconocimiento legal” a su competencia. Aseguró que no es suficiente pretender simplificar trámites sin revisar regulaciones.
Lo ideal, según Campos, es contar con una Ley de Procedimientos Administrativos, “más integral” y con “disposiciones sobre la potestad regulatoria de las instituciones”.
Pero, por otro lado, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (Cifácil), pidió al presidente, Salvador Sánchez Cerén, que sancione la ley y la mande a publicar para que inicie su vigencia. “Para facilitar los negocios y generar más empleo en el país”, sostiene en un comunicado.
Enumeró las ventajas: suprime trámites innecesarios, reduce plazos de trámites, disminuye requisitos, evita que se dupliquen documentos, promueve medios electrónicos.
Cindefácil también destaca que la ley plantea la responsabilidad de daños y perjuicios que cause un funcionario “cuando no resuelve en los plazos establecidos y el silencio administrativo en sentido positivo” en un procedimiento en el cual el solicitante cumpla los requisitos de tiempo y forma, y la administración pública no emita resolución motivada alguna. Esto quiere decir que el solicitante tendrá una resolución favorable ante cualquier atraso no justificado.
Respaldo de CIFACIL
Es conformada por gremiales empresariales: ASI, Cámara, Coexport, Camagro, AmCham, Camtex y Ades.