El grupo gestor es conformado por instituciones como Funde, Fusades, DTJ y otras. / DEM
El equipo gestor de la Ley de Probidad rechaza que se elimine el juicio civil por enriquecimiento sin justa causa porque, sostiene, puede incurrirse en una inconstitucionalidad.
De acuerdo al grupo gestor, la sentencia de inconstitucionalidad del 9 de febrero de 2018 señala la inconstitucionalidad de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa en la que omiten regular el juicio civil y, en mayo de ese año, aclara que la “acción de extinción de dominio y el enriquecimiento sin causa no son sustituibles entre sí”.
También, el equipo gestor objeta que desde este proyecto se intenten regular competencias de otras instituciones del Estado en materia de lucha contra la corrupción y le recuerda a la CSJ que ya existen esfuerzos desde el Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción (GTIAC) para no duplicar esfuerzos.
Las instituciones también eliminan el capítulo de prevención de la corrupción por razones similares: duplica normativa de Tribunal de Ética Gubernamental, disposiciones generales de Presupuestos, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y retoma elementos de la Ley del Servicio Público.
Lo positivo
El equipo gestor de la Ley de Probidad Pública señala como elementos positivos que se le faculte a la Dirección de Probidad requerir información reservada o bajo secreto fiscal, la sanción de multa para quienes no den información y la sanción de destitución para quienes no presenten su declaración patrimonial y la presenten incompleta.
Propone que la Dirección de Protección inicie una investigación de oficio en caso de omisión de declaración y también permitir que las intervenciones telefónicas legítimas sean pruebas.
También, del Grupo ve positivo que se incluya la obligación de revelar los conflictos de interés, cuya omisión sería una declaración incompleta, y considera que la obligación de conocerlos debe ser de la CSJ y no del Tribunal de Ética Gubernamental. El borrador plantea la inhabilitación para un funcionario que presente la declaración incompleta.
Sugerencias del grupo gestor para combatir las riquezas ilícitas
Cuenta única bancaria
El equipo gestor de la Ley de Probidad menciona que un régimen de dedicación exclusiva para ciertos cargos y la cuenta bancaria única podría permitir rastrear el patrimonio de los servidores públicos más expuestos, como los de mayor jerarquía y administradores de fondos.
Obligación de dar aviso
El equipo gestor propone que el artículo que regula la presentación de una declaración falsa sobre enriquecimiento ilícito debería incluir la obligación de dar aviso a la Fiscalía. Sugieren eliminar las sanciones por denuncias o información falsa para evitar persecución de denunciantes.