Este día, los sectores de sindicalistas, profesionales y periodistas elegirán, en asambleas generales, las ternas –grupos de tres candidatos– para que el presidente Salvador Sánchez Cerén elija a tres comisionados propietarios y sus respectivos suplentes. También, representantes de universidades deberán elegir una terna para la elección de un comisionado suplente.
El Presidente deberá elegir a los nuevos funcionarios del IAIP del 12 al 22 de enero, para que los funcionarios inicien funciones el 23 de febrero. Catorce de los aspirantes acudieron ayer a un conversatorio convocado por la Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia y la Universidad Autónoma de Santa Ana.
¿Quiénes son?
Los candidatos propusieron campañas para dar a conocer la Ley de Acceso a la Información (LAIP), gestionar más recursos, hacer alianzas, no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción, dispositivos tecnológicos, un edificio.
Pero también el conversatorio develó lo que piensan o proponen. Claudia Escobar, una de las candidatas, opinó que los entes obligados pueden acudir a la Sala de lo Contencioso en casos de multas o sanciones, argumentando que puede haber agravios. Los entes obligados suelen recurrir a la Sala de lo Contencioso para frenar órdenes de entrega de información pública del IAIP.
Ante otra pregunta del moderador, Jaymee Magaña reveló que ella revertiría una resolución del IAIP que ordenó entregar información de los planos del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Wendy Funes de Serafín instó a la regulación de partidos políticos y federaciones a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, y prometió aliarse con instituciones que deben combatir la corrupción, incluida la Sección de Probidad. Xenia Hernández se pronunció contra los límites que puso la Sala de lo Constitucional a la información pública. La Sala lo reguló en casos de generación de información pasada, aspectos superfluos o interés de obstaculizar el trabajo de la institución. Alicia Miranda señaló que no dará un paso atrás en el acceso a la información pública.
Tres de los aspirantes fueron cuestionados por sus nexos políticos. Gilberto Canjura reconoció que su candidatura ha sido impugnada y justificó que el escrito presentado en la impugnación lo señala como “exmilitante” del FMLN.
Romeo Barahona, expresidente de la Corte de Cuentas, fue cuestionado por su participación en las campañas de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, pero la defendió diciendo que tenía derecho como ciudadano.
Ruth López Alfaro fue cuestionada por haber donado fondos al FMLN, solo objetó la cantidad. Magaña fue cuestionada por haber recibido una sanción del IAIP en su calidad de oficial de información de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). No todos los candidatos asistieron. En total, son 28 aspirantes.
