Cárcamo señala que, más allá de visualizar un conflicto entre la CSJ y el IAIP, es importante destacar que se está limitando a los ciudadanos en su derecho de acceso a la información.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece en su catálogo de infracciones el no cumplimiento de una resolución emitida por el Instituto y sanciones económicas, adviertió el presidente de la institución.
En la LAIP se establecen las infracciones, que están clasificadas en muy graves, graves y leves. Para el caso, en el artículo 76, literal C, señala que el no proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por el IAIP implica una infracción muy grave con una multa de $6,000 a $12,000, es decir, de 20 a 40 salarios mínimos mensuales, al funcionario público con facultad de tomar decisiones.
Según Cárcamo, el IAIP ha entrado en un proceso de análisis luego de que la CSJ les entregara, el miércoles un informe del acta sobre la decisión de Corte Plena de mantener en reserva las auditorías de los informes patrimoniales de los funcionarios y los exfuncionarios. El IAIP entró a una fase de análisis sobre una posible sanción. Ocho magistrados de la CSJ decidieron mantener la reserva de la información.