Manuel Escalante, asesor del Idhuca, teme un abuso de poder. / Óscar Machón
Analistas del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), consideran que la Asamblea Legislativa debería regular el rol de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC) antes de aprobar el crédito de $109 millones para el plan de seguridad del Gobierno.
El instituto remitió ayer una carta a la Comisión de Hacienda, encargada de estudiar el crédito, para que tenga cautela al momento de analizar la petición del Ejecutivo, que destinaría $59 millones para la Policía y $50 millones para el Ministerio de la Defensa.
Según Manuel Escalante, asesor de Idhuca, la discusión del Plan Control Territorial hasta ahora se ha centrado en su financiamiento y no en sus alcances, excluyendo una perspectiva de derechos humanos.
“En el marco de lo que ocurrió el 9 de febrero y además los insumos que se comprarían con este préstamo, es necesario que se haga reflexión desde este enfoque”, agrega.
El presidente de la República, Nayib Bukele, ingresó al Salón Azul junto a la Policía y las Fuerzas Armadas, tras una convocatoria fallida del Consejo de Ministros para discutir el préstamo. Esta demostración de fuerza, para el analista, requiere que la Asamblea aplique controles de ley para garantizar que no se vuelvan a cometer estos excesos.
“Los legisladores tienen que pensar en dotarles de recursos a estos cuerpos de seguridad pero tienen que haber garantías de control”, explicó. Además, el Idhuca propone que antes de autorizar la compra de tecnología especializada, como $25 millones en videovigilancia con reconocimiento facial; debe regularse su uso en legislación secundaria.
“Si se compran los insumos y no hay legislación que los regule, puede darse un abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad que afecte los derechos a la privacidad, a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión y también el derecho a la integridad”, explicó. El Instituto hizo un llamado a vigilar que tampoco hayan conflictos de interés en compras públicas.
