La creación de un impuesto especial a las grandes empresas para el fondo de pensiones, así como la aplicación de los impuestos predial y al patrimonio, sugiere la propuesta entregada al presidente de la República por los sindicatos respaldados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
Aunque no adelantó si estas propuestas serán retomadas por el Gobierno, Castro ha previsto que el Gobierno entregará el proyecto a la Asamblea Legislativa este noviembre posiblemente en conjunto con los sindicatos.
“Para asegurar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, se exige que la propuesta incluya la aplicación de un impuesto especial a las grandes empresas que pueda abonar el fondo de pensiones”, reza la propuesta.
Además, los 260 sindicatos firmantes piden “establecer un impuesto predial o un impuesto al patrimonio con el objeto de añadir progresividad a las finanzas públicas”.
Eso, argumentan, asegurará un sistema “equitativo” y que “no se acapare la riqueza en manos de unos pocos”.
No es algo totalmente extraño, en Uruguay estableció un impuesto a las ventas para fondear el banco previsional”. Rommel Rodríguez, coordinador macroeconomía Funde
¿Cuánto tiempo?
Las preguntas de especialistas sobre la propuesta entregada por los sindicatos giran en torno a la capacidad de financiamiento que tendrán estas medidas de financiamiento de los beneficios de pensiones solicitados.
Rommel Rodríguez, de Funde, señala que estos impuestos afectan a los agentes económicos, se pregunta si habrá la voluntad y operatividad adecuada para que en plazos determinados se adopten las medidas de incremento de cotizaciones y en qué momento se aplicarán el impuesto al patrimonio y el monotributo.
Rodríguez, sin embargo, advierte que la medida de aumento de las cotizaciones afectaría la liquidez de algunas empresas, aunque le parece positivo que la mora previsional esté penalizada.
La propuesta incluye el aumento de la cotización con cargo al empleador al 16 % el primer año y al 17 % el cuarto año después de la reforma, y no propone aumentar los años de jubilación.
A cada persona que se incluya en el sistema se le está prometiendo un beneficio. ¿Con el dinero de quién si la natalidad está a la baja cada vez más? Especialista en pensiones
Pensión universal y una pensión del 70 %.
Los beneficios solicitados por los sindicatos incluyen una pensión o una tasa de reemplazo que alcance el 70 % del salario básico regulador, aunque los trabajadores ahorran únicamente el 15 % cada año, contando el aporte del empleador, del 7.75 %.
También, solicitan una pensión universal sin necesidad de contribución para mayores de 60 años, y una pensión reducida a trabajadores que no logren cotizar más de 15 años.
Una fuente especializada en pensiones asegura que la propuesta de los sindicatos le deja varias dudas: ¿cuál será el costo actuarial de la pensión universal?, ¿quién controlará el monotributo?, ¿para cuántos años alcanzaría el dinero?, ¿a quién se beneficia y a quién se perjudica con dicha propuesta?
Las dudas sobre la propuesta de sindicatos
El Ejecutivo prevé entregar en noviembre una propuesta de pensiones. Una de las propuestas fue firmada por 260 sindicatos respaldados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
- Financiamiento
> Cuál será el costo actuarial de la pensión universal. La población mayor de 60 años que no ha cotizado al sistema previsional tendría derecho a una pensión universal. Sin embargo, aún no hay un análisis del ingreso necesario para entregar esas pensiones y cómo se financiaría.
- Igualdad
> Qué pasará con las pensiones altas. La propuesta establece pensiones máximas, sin embargo, aún no detalla qué pasará con las pensiones consideradas altas que ya están recibiendo personas jubiladas. La propuesta de los sindicatos no detalla si lo que se está proponiendo es bajarles la pensión a estas personas.
- El fondo de pensiones
> Qué pasará con certificados, anticipos y devoluciones. La propuesta no deja claro qué pasará con fondo actual del sistema de ahorro para pensiones, con el cual se pagan pensiones, compran certificados obligatorios al Estado para que pague pensiones del sistema anterior, paga anticipos, hace devoluciones e invierte en títulos para generar rentabilidad.