De acuerdo a una fuente judicial, se le ordenó juicio por un presunto enriquecimiento ilícito de $138,000, aunque otras fuentes señalaron que el crecimiento patrimonial no justificado fue $373,183.09.
Antes de la resolución emitida ayer, la CSJ en pleno había realizado otras votaciones sin frutos. En una primera, el 18 de junio de 2019, solo tres magistrados votaron por un proyecto de resolución emitido el 11 de junio que exoneraba a Reyes.
Probidad le detectó inicialmente a Reyes 47 irregularidades por $1,357,579.03, dentro de las cuales se mencionaban cuatro irregularidades por depósitos bancarios y adquisición de vehículos por un monto de $67,893.01, además de otras 40 irregularidades por depósitos y retiros, vehículos, inversiones y pagos de deudas por $1,249,186.69, de acuerdo a una fuente judicial.
El informe señaló que también presentó irregularidades por $40,499.33 después del periodo de funciones pero éstas no fueron tomadas en cuenta. La mayoría de irregularidades, sin embargo, fueron desvanecidas, hasta quedar un total de $113,817.30 pendientes de justificar.
El 9 de noviembre de 2017, la CSJ le concedió 90 días al exdiputado Reyes para responder a los hallazgos de Probidad y, luego, según la fuente, desvanecieron 36 irregularidades totalmente, nueve parcialmente y dos irregularidades se mantuvieron. Fue así como, de acuerdo a esta versión, Probidad emitió un informe complementario el 2 de mayo de 2019, luego de que el exdiputado les diera declaraciones juradas, constancias de pago o de ingresos extendidos por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y por la Asamblea Legislativa, informe de misiones oficiales y viáticos, de instituciones financieras y copias de cheques.
Así, la fuente indica que Reyes no desvaneció depósitos bancarios por $29,550, pagos a tarjetas por $73,056.64, entre otras cantidades, haciendo un total de $113,817.30 pendientes. Sin embargo, Probidad consideró que el monto de irregularidades quedaba desvanecido de acuerdo a un criterio de “disponibilidad” de la CSJ, ya que el exdiputado presentaba un monto de ingresos por $756,284.46.
La CSJ aún no ha informado oficialmente las irregularidades en el patrimonio del exdiputado y tampoco ha informado quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Algunos magistrados de la CSJ se comportaban herméticamente sobre el caso y no quisieron revelar ni la cifra de irregularidades ni quiénes votaron o no votaron.
