La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático cumple 14 años estudiando numerosos proyectos de ley, aplazando la discusión o enfrentándose a protestas en contra de lo que algunas organizaciones llaman “privatización” del agua.
La diputada de Arena y presidenta de la Comisión, Martha Evelyn Batres, afirma que “se hizo una discusión política” del tema del agua y se resiste a “manchar” nuevamente el debate con el término “privatizar”. “El agua es un bien público, y no puede ser privatizado”, afirma.
A pesar de ello, las organizaciones y la misma Iglesia Católica se mantienen alertas y reiteran los llamados a detener cualquier ley que ponga la administración del agua en manos de privados.
El mismo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), Frederick Benítez, sugirió durante la crisis de contaminación del agua en San Salvador –por la que fue interpelado– que hay intentos por privatizar el servicio.
“La Ley de Agua ha sido llevada nuevamente a la Asamblea Legislativa, hay personas con intereses oscuros con una campaña de desprestigio en contra de Anda. El objetivo es claro, quieren privatizar”, dijo el funcionario, el 18 de enero, en medio de la crisis.
¿Para qué una ley?
La última encuesta del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), señala que el 98.5 % de la población salvadoreña está de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado salvadoreño garantice el acceso a agua potable a todos los ciudadanos.
Según la última publicación de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), un 19.8 % de hogares en El Salvador no tienen acceso a agua potable.
Mientras, los hogares más pobres siguen invirtiendo su esfuerzo, tiempo y dinero por adquirir aguas lluvias, comprar pipas privadas o incluso servirse de quebradas con bajo nivel de saneamiento.
Hasta el momento, se han aprobado ocho artículos de la normativa, todos en la legislatura actual. Estos contienen el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, el dominio público del agua y la declaratoria de interés social del recurso hídrico en El Salvador.
