La propuesta de la Ley de Agentes Extranjeros presentada por el Gobierno es una manera de tratar de neutralizar la contraloría social hacia el poder que se ejerce a través de las organizaciones civiles, advierte Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Comentó que desde el inicio de su mandato, el presidente Nayib Bukele, entró en confrontación con las instancias de control del ejercicio de poder, como la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa, municipalidades, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras. “Hasta que ha ido controlando, cooptar o neutralizar cada una de estas instancias”, expuso.

Agregó que de las instancias que le falta controlar son las sociales, como organizaciones civiles y medios de comunicación. “A partir del texto que está ahí, pareciera que está tratando de limitar las acciones de contraloría que pueda hacer la sociedad civil”, afirmó Carrillo.

También señala que en el texto de la ley no se deduce que no afectaría a las organizaciones que trabajan en el área social.

Aunque dijo que están totalmente de acuerdo en que no debe haber injerencia extranjera y fortalecer la democracia, “pero la ley va más allá de eso”.

En el caso de Fespad, que ejecuta proyectos para el fortalecimiento de la democracia e independencia judicial, considera que no está claro.

Y que al deblitar a la sociedad civil organizada se cierran espacios para canalizar necesidades entre la población y las instituciones, y también puede caerse en vulneración de derechos.

Carrillo enfatiza que el texto de la ley “es ambiguo” en muchos puntos.