El equipo técnico de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa preparó en privado el anteproyecto de “Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional”, concediendo beneficios carcelarios para acusados y estableciendo medidas de reparación obligatorias al Estado, sin asignar fondos específicos.
El presidente legislativo, Mario Ponce, recibió el respaldo de partidos políticos para elaborar un documento que hasta ahora no ha sido conocido por las víctimas de la guerra. Ayer fue revelado de manera “oficial” a los partidos políticos, aunque tanto Arena como el FMLN ya tenían una noción sobre los privilegios de la ley.
En su artículo 66, el anteproyecto establece que “el juez podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas”, si la persona procesada cumple con “cualquiera de las condiciones” como reconocer su grado de participación sobre los hechos; pedir perdón a las víctimas; colaborar con el esclarecimiento de los hechos; ayudar a ubicar el paradero de las víctimas o de sus restos, o ubicar pruebas de los hechos.
Los partidos mayoritarios en la Asamblea tienen apertura a aprobar este artículo. “Que aquella persona que acepte y pida perdón se le pueda reducir su pena, de eso se trata, de darnos cuenta de qué es lo que pasó y la persona que participó en un momento determinado colabore con la justicia”, dijo el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, antes de ver el documento que le fue entregado este lunes.
La jefa parlamentaria del FMLN, Nidia Díaz, afirmó que, “si la persona contribuye a esclarecer la verdad, si se arrepiente, informa, acepta su participación y pide perdón, el juez común lo tendrá que tomar en cuenta para emitir la sentencia y la pena”.
¿Una nueva amnistía?
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo pro-Memoria Histórica expusieron, a través de un comunicado conjunto, que “los foros de febrero se convirtieron en plenarios sin metodología y no llegaron a ser una consulta”.
El nuevo borrador, aseguran, permite “una nueva ley de impunidad”, en la cual se garantice que cualquier victimario condenado por las atrocidades de la guerra evada la pena de prisión.
Benjamín Cuéllar, defensor de derechos humanos que llegó a la entrega del documento oficial, considera además que los diputados esconden una prescripción de crímenes de guerra “de facto”, al limitar el rol de la Fiscalía General de la República en la normativa.
En su artículo 59, la ley dice que el grupo de fiscales especializados tendrá un plazo de seis meses a un año para evaluar si se constituye o no un delito, y para requerir ante los tribunales en el caso que haya indicios.
¿Y los fondos?
El proyecto deja a discreción del Ejecutivo cuánto dinero asignará a las víctimas de la guerra y de dónde obtendrá los fondos. En su artículo 70, la ley dice que “los beneficios estarán sujetos a la disponibilidad financiera del Estado”.
Añade, además, que las personas tendrán derecho a una indemnización individual cada mes o única, según estime la víctima, “equivalente a las otorgadas a veteranos y excombatientes de guerra”.
La ley debe ser aprobada a más tardar este viernes.
Los artículos más polémicos
Artículo 66
El juez podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer si el procesado reconoce su grado de participación, pide perdón a las víctimas, colabora a esclarecer los hechos, aporta pruebas o a ubicar a las víctimas.
Artículo 70
Los beneficios en la Ley de Reconciliación no tienen financiamiento, sino que “estarán sujetos a la disponibilidad financiera del Estado”. Se equipara la pensión de las víctimas a las otorgadas a veteranos y excombatientes.
Artículo 20
Crearía un Centro de Documentación con acceso a archivos oficiales militares y policiales relativos a la guerra, para custodiarlos y darlos a conocer, exceptuando la información personal, reservada o confidencial.
