Lamentó que el retraso en el pago significó la afectación para unas 2,200 familias de trabajadores y trabajadoras de la Asamblea, ya que han caído en mora con el pago de recibos de servicios o créditos con cooperativas y bancos. “Lastimosamente, se dio esta situación y quisiéramos pedir entre órganos de Estado que no vuelva a suceder una situación de estas, porque nosotros quedamos en fuego cruzado por intereses de carácter políticos y electorales”, dijo Ortega.
Explicó que históricamente las fecha de pago en la Asamblea Legislativa ha sido entre el 18 y el 20 de cada mes. “De años y años. Hoy con la situación de esta crisis del Covid-19 ha habido cambios que ya nos estaban tocando, se llegaba 23 y 24 hubo desfase. Pero la ley es clara que dice que debe pagarse según los calendarios que están establecidos”, afirmó.
Pese a que la transferencia se efectuó, las denuncias por el impago ante la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen su curso. “El daño no estaba para los diputados, si el salario de los diputados no sobrepasa de $368,000. El salario de los asesores no sobrepasa los $108,000 versus el universo de empleados que son los que llevan el mayor monto, casi el 90%. El daño fue hecho a la economía de cada uno de ellos”, dijo Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.
Ponce cuestiona el argumento del Gobierno de la falta de recursos, ya que ha tenido la emisión de Letras del Tesoro (Letes) en estos meses como un mecanismos para solventar la caída de tributos.