Manuel Escalante, Abogado y asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).
La Asamblea Legislativa hizo siete foros para escuchar los testimonios de las víctimas, pero no interpretó su voluntad, asegura Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
- ¿Qué impresiones le deja el borrador de la Ley de Reconciliación presentado ayer?
R/Lo primero a destacar es que la pena que buscan es mínima. Si a una persona se le condena a 10 años, la quinta parte serían dos y eso sería una pena excarcelable.
- ¿Las condiciones que establecen son apropiadas?
R/El truco está en que dice “cualquiera de las condiciones”, para que automáticamente se le reduzca su pena. A las condiciones, además, deberían agregarse dos: que reconozca su responsabilidad y se repare a las víctimas. No se incluye ninguna medida patrimonial en contra del agresor.
- ¿Fueron escuchadas las víctimas de guerra?
R/Los foros fueron una formalidad. Los diputados tenían la orden de escuchar a las víctimas y de legislar por la sentencia de la Sala de lo Constitucional: a partir de lo que las víctimas dijeran, debían interpretar la sentencia. Escucharon los testimonios desgarradores, pero al no estar dosificando las penas acorde al daño causado, hace pensar que los diputados escucharon pero no entendieron.
- ¿Hay garantías que dignifiquen a las víctimas con este proyecto?
R/ En el borrador de ley, los mecanismos de reparación están sujetos a la capacidad financiera del Estado. Eso se determinará año con año, afectando el derecho de reparación porque estaría introduciendo inseguridad jurídica a las víctimas. Hay un error de conceptos que vuelve la ley proclive a la revictimización: se está equiparando a las víctimas a los excombatientes, debido a que el Estado le dará a la víctima lo mismo que daría al potencial victimario. Los diputados tienen un problema conceptual muy grande: a los veteranos y excombatientes les dan un privilegio; en cambio, las víctimas luchan por la reparación de sus derechos.