El segundo magistrado de la CCR, Roberto Anzora, sostuvo que están evaluando si cumple la Constitución de la República y la Ley de la Corte de Cuentas. De acuerdo al segundo magistrado de la CCR, el comisionado de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, consultó a la CCR su respuesta, mediante una carta del 5 de diciembre.
Según el funcionario, se le delegó la preparación de la respuesta y “está por ser enviada” suscrita por él y la magistrada presidenta.
En esta respuesta, aseguró, informan al comisionado de la Cicíes que están “de acuerdo en recibir asistencia para el combate a la corrupción y fortalecer mecanismos de control de parte de la OEA” y en suscribir el acuerdo, pero que hacen un análisis para garantizar respeto a la Constitución” y a la Ley de la CCR. “Si no, después nosotros vamos a responder por eso”, dijo.
“Va en los términos que estamos manifestando nuestro interés de suscribir el acuerdo, le estamos poniendo en contexto que todavía lo estamos analizando, que después ya nosotros, al tener claro este panorama, buscaríamos una reunión con ellos para intercambiar términos como las situaciones que se salgan de esto”, expresó.
Anzora enfatizó en que “nadie ha suscrito el acuerdo” en la CCR y que están “en una fase de análisis porque este es un tema muy delicado”, ya que quieren garantizar “que sea un instrumento que les ayude a combatir la corrupción “pero que sea de provecho para el país, no puede ser algo que se vea como una ligereza”.
La primera magistrada de la CCR, María Martínez Barahona, sostuvo que no es que no acompañen el convenio de cooperación, sino que están analizando en qué aspectos podría contribuir la Cicíes a la CCR a mejorar la fiscalización.
“Lo que estamos haciendo es tomándonos el tiempo para adecuar cualquier convenio de cooperación a nuestra tarea muy particular que nos señala la Constitución”, manifestó. Sin embargo, la funcionaria, advirtió que “no hay aprobación de la Asamblea Legislativa” de la Cicíes y que no pueden “ir más allá de la función” que la Constitución les da. Dijo que deben ser “responsables” para “no tratar de invadir competencias de otras entidades públicas”.