El TEG tiene como función sancionar a funcionarios que cometen infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Un total de 158 funcionarios públicos que trabajan en alcaldías del país son investigados por el TEG: 10 de Apopa, 10 de San Salvador, 8 de La Unión, 7 de Ahuachapán, 7 de Santa Ana, 5 de Mejicanos y de otras municipalidades.
Las instituciones con mayor cantidad de funcionarios investigados son: 60 funcionarios o empleados del Ministerio de Educación, 49 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 38 en la Asamblea Legislativa, 37 de la Universidad de El Salvador, 33 del Ministerio de Salud, 27 de la Fiscalía General de la República (FGR), 17 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y 15 de la Procuraduría General de la República.
En menor cantidad, aparecen 7 personas investigadas del Centro Nacional de Registros, 6 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, seis de la Corte de Cuentas de la República y cuatro de la Presidencia de la República.
Durante ese periodo, el TEG recibió 153 denuncias contra 235 servidores públicos y un total de 269 avisos contra 319 servidores públicos. Un año antes, la cantidad de personas denunciadas era mayor: 193 personas. A diferencia del aviso, en la denuncia la persona que proporciona la información muestra su identificación al TEG.
La institución ha iniciado 465 procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales 24 se iniciaron contra 26 servidores públicos, de manera oficiosa.
Condenas: 4.7 %
Sin embargo, durante el periodo de junio de 2018 a mayo de 2019, el TEG ha condenado solo 23 casos, de un total de 492 procedimientos, es decir, 4.87 de los casos recibidos o abiertos de oficio.
Entre estos casos, hubo ocho absoluciones. El resto son: 162 improcedencias, 15 resoluciones de inadmisibilidad, 182 declaradas sin lugar, 73 sobreseimientos y 22 casos que caducaron. Un año antes, el TEG había emitido una cantidad levemente menor de condenas: 20 casos.
El TEG destacó que en el año 2018 se emitieron 1,181 resoluciones, 57 % más que el año 2018, atribuyendo el aumento a una nueva estrategia de resolver conjuntamente los casos a partir del segundo semestre de 2018.
