Las mujeres se quejan de inequidad en la política. / DEM
El grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Legislativa y la Red para una Democracia Paritaria, presentaron ayer propuestas para reformar la Ley de Partidos Políticos, a fin de que éstos integren en sus planillas en un 50 % de mujeres para elegir diputaciones en la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y para los Concejos Municipales.
Además, sugieren reformar el Artículo 38-A para que todas las planillas que se presenten utilicen el mecanismo de alternancia por sexo; es decir, si la candidata a diputada propietaria es mujer, el suplente deberá ser hombre y, si la aspirante a alcaldesa es mujer, el síndico deberá ser hombre.
Actualmente, la Ley regula que las planillas nacionales, departamentales o municipales que se presenten en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tienen que estar integradas “al menos con un 30 % de participación de mujeres”.
Las diputadas también proponen reformar el Código Electoral con el objetivo de respetar los principios de igualdad, pluralidad política, transparencia, democracia, paridad y alternancia de género en las solicitudes de inscripción.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, fue quien recibió el paquete de reformas e hizo un llamado a los diputados que conforman la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, para que comiencen con la discusión y que estas puedan ser implementadas en las elecciones del 2021.
La diputada de Arena, Martha Evelyn Batres, aseguró que no existe una “paridad” de condiciones para las mujeres.
“Estamos plenamente convencidas que existe una inequidad en la participación política de las mujeres, también esto es un motivo de violencia política”, dijo.
La representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres en El Salvador, Ana Elena Badilla, insistió en que una legislación paritaria es “muy importante” para avanzar hacia una democracia “más madura, más plena y realmente representativa”.
Si el pleno legislativo aprueba dichas reformas, El Salvador se convertiría en el octavo país de la región latinoamericana en establecer una democracia igualitaria en las elecciones legislativas y municipales.