La actualización de las declaraciones patrimoniales no puede obligarse, según la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, a menos que la Corte Suprema de Justicia así lo norme.
Una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), del miércoles 11 de mayo, confirma la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia “no puede exigir al servidor público presentar declaración jurada de patrimonio actualizada”.
Cita una resolución anterior, en la cual se sostiene que falta una norma expresa en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la facultad de la Sección de “requerir la actualización de la declaración jurada de patrimonio”.
“Nada impide que en cumplimiento al deber de transparencia, los funcionarios y en especial los de alto nivel (...) (de) periodos largos o indefinidos, correspondan al derecho de participación ciudadana a fiscalizar su gestión pública y actualicen por propia iniciativa sus declaraciones”, dice. Fue la respuesta a la apelación del ciudadano Herbert Vega, que pidió la declaración patrimonial actualizada de jueces y magistrados de la CSJ.
Actualización voluntaria
El IAIP señala que nada impide que declaren sobre todo si los bienes del funcionario y su familia crecen sensiblemente.