Esta ley, que podría ser sancionada, observada o vetada por el presidente de la República, obliga al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a las alcaldías a dirigir una gestión integral de residuos y reciclaje con la posibilidad de contratar a terceros para la gestión de residuos en cada municipio.
Para empezar, el MARN deberá formular las políticas nacionales en gestión integral de residuos y reciclaje y aprobar un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos y la Valorización de los mismos basados en un diagnóstico.
Las alcaldías estarán obligadas a implementar un sistema de gestión integral de residuos que incluya recolección separada, tratamiento, reciclaje, con adecuado aprovechamiento de residuos.
Todo generador de residuos estará obligado a clasificar y separar los residuos desde que se generan y deberán entregarlos a un gestor autorizado y a usar alternativas de producción más limpia.
Los gestores de residuos, que deberán ser autorizados y auditados por el MARN, y contratados por las alcaldías, hará una separación secundaria de residuos y deberán entregar su respectivo Manual de Gestión Integral de Residuos, que incluirán los sitios donde recuperarán, procesarán, almacenarán y manipularán los residuos para su valorización o disposición final.
La normativa busca la reutilización, el reciclaje o la valorización de residuos para recuperarlos o aprovecharlos energéticamente, dejando la eliminación del residuo como última alternativa.
La ley también incluye en el currículo nacional la temática de gestión integral de residuos y fomento al reciclaje en niveles parvularia, básica, media y superior, e incorporar capacitación de maestros y orientación de padres en buenas prácticas y reciclaje de residuos.
La normativa le da 12 meses al MARN para elaborar el diagnóstico, 18 meses para elaborar el plan para la gestión de residuos, 6 meses para elaborar los Manuales de Gestión Integral de Residuos y a los gestores seis meses para presentar su solicitud al MARN. También establece sanciones de 2 a 40 salarios mínimos del sector comercio y servicios.
