Desde 2015, hay 1,046 expedientes: 22 de 2015, 112 de 2016, 288 de 2017 y 624 de 2018.
De acuerdo al magistrado Aldo Cáder, quien pronunció una ponencia sobre los retos de la Sala de lo Constitucional en un acto organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), dijo que los criterios de la Sala para estudiar los casos son la antigüedad y la urgencia.
Mencionó algunos casos pendientes de relevancia pública, como la demanda de inconstitucionalidad contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss). “Está para sentencia, son de los casos que deberá atenderse con prontitud en estos días”, dijo. Otros casos pendientes tienen que ver con la demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Ulises Rivas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual, dijo, “es fundamental para entrar a ver los requisitos de los funcionarios de segundo grado”.
Entre los casos pendientes, se suman demandas de inconstitucionalidad por omisión sobre la ley de intervenciones a las telecomunicaciones y otra demanda contra la ley de contribución especial para la seguridad. La Sala deberá dar seguimiento a sentencias como la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, la sentencia sobre desplazamiento interno que ordena investigaciones y acciones de protección.
El magistrado señaló que la Sala deberá dar seguimiento a las sentencias sobre la Ley de Amnistía General, desplazamiento interno y hacinamiento carcelario. En la primera la Sala ordenó emitir una nueva normativa, en la segunda ordenó investigaciones y acciones de protección.
Según el funcionario, la Sala tiene desafíos, como establecer el orden de llamamiento de los magistrados suplentes que, aunque existe autonomía por resolución de la Sala, debe haber criterios de temporalidad. También señaló retos en las comunicaciones, amparos contra particulares, la Ley Procesal Constitucional, entre otros.
En la Corte Plena, desde el inicio de los nuevos magistrados en noviembre de 2018, están en estudio los casos de Probidad sobre la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar y un exdiputado del PCN.