Esto implica que los delitos de secuestro de sistemas, programas o datos informáticos, fraude informático, daños a sistemas informáticos e interferencias de sistemas informáticos aumentarían sus penas si tienen afectan transacciones en bitcoin u otras criptomonedas o afecten sistemas de convertibilidad instantánea a dólar.
Con la reforma, el delito de fraude informático, que tiene penas entre 3 y 6 años de prisión, sería castigado hasta con 12 años de prisión cuando tenga que ver con sistemas de bitcoin o criptomonedas, o de su conversión a dólares.
El delito de fraude informático consiste en manipular sistemas informáticos o sus componentes, insertando instrucciones falsas, con el fin de obtener un provecho.
La propuesta de reforma de Nuevas Ideas, conocida públicamente hasta este martes, aumentaría las penas a un rango entre 6 y 10 años, pero las agravaría hasta un rango de 10 a 12 años si se realiza contra sistemas bancarios o si afectan las transacciones en bitcoin “o afecten sistemas que permitan la convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar”.
Interferencia, daños y secuestro por bitcoin.
Para el delito de “interferencia de programas” las penas se agravarían a un rango de 4 a 7 años de prisión.
Para el delito “daños a sistemas informáticos”, la pena también se agravaría a un rango de 4 a 7 años de prisión.
Para estos dos delitos, actualmente la pena oscila entre 3 y 5 años, y con la reforma subiría a 3 a 6 años.
Para el delito de secuestro de sistemas, programas o datos informáticos, las penas agravadas subirían a un rango entre 6 y 8 años. Este delito tiene una pena entre 3 y 5 años, subiría de 4 a 6 sin agravantes.
Crearían unidades.
Con la reforma, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República (FGR) crearían unidades de investigación de delitos informáticos y Hacienda deberá garantizar partidas presupuestarias.
El diputado Dennis Salinas pidió este miércoles que se citara al fiscal general. “Que recibamos a nuestro fiscal general, Rodolfo Delgado”, solicitó.
El diputado Mauricio Ortiz pidió llamar también a la Procuraduría General de la República (PGR) por los casos de acoso sexual incluidos en la ley. Walter Coto pidió citar a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. También, pidió girar invitaciones a asociaciones especializadas en el tema para que envíen sus opiniones por escrito.
Los diputados acordaron hacer las invitaciones.
Seducción y acoso.
La propuesta incluye artículos que castigan la seducción de niños o niñas mediante tecnologías de información, pero con una pena entre 1 a 3 años de prisión.
La ley actual tiene un capítulo sobre delitos informáticos contra niños y niñas, y da una pena entre 2 y 4 años de prisión para el delito de acoso mediante tecnologías de información.
Delitos informáticos: el proyecto de reforma
Las reformas solicitadas por Nuevas Ideas están centradas en aumentar penas para ciertos delitos, crear algunos delitos contra menores de edad y proteger programas de transferencias o conversión de bitcoin o criptomonedas.
- Asegura fondos para sistemas
Hacienda deberá garantizar asignación de fondos a PNC y FGR para actualizar equipos, sistemas, licencias, personal y capacitación constante.
- Unidades de investigadores
La PNC y la FGR deberán asegurar investigadores y fiscales para el combate de delitos informáticos y en otras leyes penales. Deberán asegurarles especialización.
- Delitos contra menores
Crearían delitos de seducción (1 a 3 años, intercambio de mensajes con contenido sexual (2 a 4 años) y extorsión sexual de menores (6 a 8 años).
- Aumento de penas
La reforma aumenta las penas a delitos ya existentes como fraude informático, secuestro de sistemas estafas, interferencia, daños informáticos.
- Agravantes por el bitcoin
Cuando los delitos informáticos estén relacionados a sistemas de criptomonedas o de su conversión a dólar agravará la pena de los delitos.
- Información confidencial
Se castigaría con penas de 5 a 8 años de prisión quien transfiera información confidencial mediante tecnologías de información.
- Obtención de código
Con la reforma no solo quien dé a conocer un código o contraseña para acceder a un programa cometería delito, sino también quien obtenga ese código.