La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibió a la comisionada presidencial Carolina Recinos y al titular de Hacienda, Nelson Fuentes. / Asamblea Legislativa
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió a funcionarios del Ejecutivo para discutir la solicitud del préstamo de $109 millones para el plan de seguridad del Gobierno. Cuestionaron la compra de helicópteros y buques, y $3.3 millones para administración y recargos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El pasado 6 de noviembre, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa su aval para negociar un préstamo por $109 millones con el BCIE, para la fase III del Plan Control Territorial. La directiva del banco autorizó el año pasado hasta $200 millones para el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Después de autorizar la negociación del financiamiento de $91 millones de la fase II, los diputados discuten los $109 millones restantes, según Donato Vaquerano, de Arena, “no han tenido muchos señalamientos” y “serán autorizados lo más pronto que podamos para que se continúe el fortalecimiento del combate a la delincuencia”.
Pese a ello, cuestionó la compra de helicópteros, comparándolo con la adquisición de aviones “de adorno” en administraciones pasadas. El diputado Carlos Reyes, de Arena, cuestionó la compra de un buque para la Fuerza Armada. La jefa de Operaciones del gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, respondió que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, coordinador de la ejecución, explicará el uso del equipo solicitado.
El titular de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que tanto Defensa Nacional como la Policía Nacional Civil ejecutarán $46.9 millones para “movilidad estratégica”, que incluye el helicóptero y un buque de búsqueda y rescate; 10 camiones; nueve pick ups; nueve vehículos todoterreno; cuatro autobuses y dos microbuses; y una grúa de arrastre.
Otros $25.9 millones serán para equipo e infraestructura de videovigilancia; $17.4 millones para equipo táctico; $15.5 millones de modernización hospitalaria; y $3.3 millones de administración, supervisión, auditoría y una comisión para el banco. Este último monto fue criticado por la diputada Yanci Urbina, del FMLN, debido a que “hay sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional sobre el uso de las comisiones de recargo y cómo el país accede a pagarlas”. “¿Por qué incluye el banco estas condiciones para el préstamo, si ya recibe una tasa de interés comercialmente alta?”, cuestionó.
De acuerdo con Hacienda, la administración costará $3,312,830 –$800,000 para monitoreo, seguimiento y capacitación; $553,880 para supervisión y auditorías; $1,686,450 para imprevistos y escalonamientos; y $272,500 para comisión de seguimiento del BCIE, que recibiría una tasa de interés basada en Libor que superaría el 4.4 %, ajustable. El ministro de Hacienda respondió que “va a gestionar con el BCIE que pueda eliminarse” el recargo “pero es una decisión que le corresponde al directorio del BCIE, no al país.
