El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, aseguró que dialogarán con el resto de partidos “para tomar la mejor decisión y apoyar al personal de salud” incluso superando el veto “si hubieran los votos”.
Sin embargo, no descartan diseñar un nuevo decreto para ayudarl al Ejecutivo “si hay diálogo y hay entendimiento”.
Sobre el regreso de salvadoreños varados en el exterior, Reyes reconoció que no hay capacidad del Estado para permitir el ingreso a 4,000 personas a centros de contención; “pero pueden traerse poco a poco, y eso decía el decreto”.
El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, informó que su partido también “buscará superar estos vetos”.
Calificó los vetos del mandatario como “un desacato a la Sala de lo Constitucional” por parte de la Presidencia, al desobedecer la orden para desarrollar un plan de ordenamiento que permitiera la entrada de compatriotas.
El jefe de fracción del PDC, Rodolfo Parker, asegura que “no se esperaban esos vetos” después de aprobar $2,000 millones para la emergencia nacional y la reconstrucción económica del país, incluyendo “garantizar por ley lo básico para los médicos”.
Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos, del partido Gana, aliado del gobernante, aseguró que apoyarán la postura del presidente Bukele en ambos vetos.
En el caso de médicos, consideró, el Gobierno está elaborando sus propias medidas; y la repatriación es “prácticamente imposible”.
El diputado Francisco Merino, del PCN, dijo que aún no hay una postura de su grupo parlamentario; pero recomendará que se abstengan de superar ambos vetos. “Las sesiones plenarias las utilizan para hostigamiento al presidente de la República”, se quejó el diputado pecenista.
En la sesión plenaria del 1 de abril, la Asamblea Legislativa emitió varias leyes sometidas al control constitucional del presidente Nayib Bukele esta semana. En Twitter, ya había anunciado que no sancionaría “ningún decreto” emitido ese día.
Entre las disposiciones afectadas están dos polémicos decretos: el 620, que obligaba al Gobierno a capacitar, entregar insumos de protección y pagar un seguro de vida a todos los profesionales de Salud que combaten el COVID-19; y el 621, que pretendía facilitar el retorno de los salvadoreños que no pudieron ingresar al país antes del cierre de fronteras por la pandemia.
