El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) advirtió que las conductas sobre el caso pueden derivar en responsabilidad penal y administrativa, y piden que “se impongan las sanciones que correspondan”.
Exigió una auditoría al Sistema de Gestión de Solicitudes “con ética y transparencia” y los resultados públicos. Además, consideró que el caso “podría afectar” la independencia y la credibilidad del IAIP.
Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) expresó en un comunicado que la Fiscalía General de la República (FGR) debería iniciar diligencias de investigación sin excluir a quien interpuso el aviso. Mencionó que la omisión de denuncia puede configurar otro tipo de delito y que el hecho debería traer responsabilidad del “IAIP como institución”, incluso penal e individual.
Según Fespad, la investigación no solo debería ser al interior del IAIP sino también de Casa Presidencial, con responsabilidades personales.
Esta institución consideró el caso como un retroceso en la institucionalidad, acceso a la información pública, transparencia, contraloría y participación ciudadana, y urgió una ley de protección de datos personales.
Ambas entidades pidieron públicamente al IAIP enmendar la práctica de filtración de datos personales a Presidencia de la República.
El Grupo Promotor de la LAIP recordó que esta normativa prohíbe la distribución de datos personales en los sistemas de información de los entes obligados; y que la Sala de lo Constitucional estableció el derecho constitucional a la “autodeterminación informativa”, es decir, los ciudadanos tienen la garantía de que sus datos no serán compartidos con terceros sin consentimiento expreso de su titular.
El 8 de noviembre la revista Factum publicó un reportaje en el cual sostiene que el IAIP entregó datos de ciudadanos al menos durante dos semanas, en junio, a la Presidencia; la misma revista electrónica divulgó una grabación en la cual se detalla que compartieron nombres, números de documentos únicos de identidad (duis), teléfonos y correos electrónicos de los solicitantes de información.
