Correa es una abogada constitucionalista y directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
Maldonado fue investigador de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala (Cicig) y fue asesor del procurador del caso Odebrecht.
Simon fue asesor de la Cicig y apoyó la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El equipo internacional hará una
evaluación a los 30 aspirantes finalistas, 15 de los cuales son elegidos a través de la votación directa de los abogados del país –las votaciones serán el 15 de marzo– y el resto es seleccionado en un proceso público por sentencia de la Sala de lo Constitucional llevado a cabo por los siete miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).“Este panel es un instrumento innovador que ayudará a la sociedad civil salvadoreña y a la Asamblea (Legislativa) a tomar decisiones informadas sobre los candidatos”, dijo Geoff Thale, vicepresidente de programas de WOLA.
Los expertos, quienes trabajarán ad honorem, fueron invitados por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El informe se basará en información de las mismas instituciones o incluso de los candidatos. Divulgarán cualquier negativa de entregar información y no descartan hacer un cuestionario para los candidatos. Jan Simon señaló que entre los estándares para los jueces están la capacidadad intelectual y la ética. Si un juez no cumple, advirtió, no debe estar en su puesto.
Sala es referente
La Sala de lo Constitucional salvadoreña ha jugado un papel fundamental y esta es una de las razones por las cuales se han interesado en El Salvador.
Según el abogado Antonio Maldonado, el papel de la Sala de lo Constitucional salvadoreña ha trascendido estas fronteras. Un ejemplo, dijo, es la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de la Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993. “Vemos cómo en un mundo de democracia globalizada y donde uno de los componentes de ese Estado de derecho nos sujeta a condicionamientos políticos tiene un papel fundamental”, dijo el abogado.
