La PDDH reportó 145 casos de desplazamiento forzado durante 2018 y prevé un incremento en 2019. / DEM
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) solicitará ser parte de la comisión técnica para la atención y la protección de personas desplazadas, que excluyó a la institución en la nueva Ley de Desplazamiento Forzado Interno bajo estudio de la Asamblea Legislativa.
“La institución debe ser parte de las comisiones que se generen porque, al final, es la que conoce de las denuncias, de los temas que se tocan con el desplazamiento forzado, y podemos aportar a generar políticas públicas (...), vamos a pedir que se nos incluya”, aseguró José Apolonio Tobar Serrano, titular de la PDDH.
El próximo 13 de enero, la Asamblea cumplirá un año en desacato por la falta de aprobación de la “Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno”, ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2018.
Hasta la fecha, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ha avalado 33 artículos de 40. Entre las disposiciones acordadas está la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente (Sinapi), que brindará atención y protección a personas en condición de desplazamiento.
La nueva institución será liderada por una Comisión Técnica Interinstitucional dirigida por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y conformada por las carteras de Salud, Educación, Trabajo, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del Sector Justicia.
La PDDH quedó fuera del sistema porque “no puede ser juez y parte” en la comisión y su labor se limitará a “evaluar a las instituciones”, explicó Mario Tenorio, presidente de Comisión de Legislación y diputado de Gana.
Para Tobar, “el mandato constitucional de la Procuraduría es brindar un acompañamiento a las víctimas y vigilar a los funcionarios públicos” por lo que pedirán ser incluidos en el equipo técnico.
“En esta comisión, lo más importante es que haya un mecanismo que mantenga estadística y genere políticas públicas relacionadas con prevenir y, en caso de que haya ocurrido, con atender el desplazamiento forzado. Es atribución de la PDDH”, dijo.
Javier Valdez, del FMLN, aseguró que como observadora la PDDH “puede aportar muchos más elementos que estando fuera”. “Si está dentro, puede decir si alguna de las disposiciones es violatoria de derechos, que era nuestra postura, pero votamos para que el proyecto pudiera avanzar”, explicó a El Mundo.
En 2017, la PDDH reportó 132 denuncias por desplazamiento forzado y 145 casos más en 2018. Las cifras solo muestran a personas que acuden al amparo al Estado: una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de ese mismo año estimó que más de 235,000 personas fueron víctimas de desplazamiento.