La empresa privada pide más tiempo para los magistrados de la Corte de Cuentas y que ésta haga auditorías preventivas. / DEM


La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) propone una reforma para que la Corte de Cuentas de la República haga un control “previo” a las instituciones públicas a solicitud de la institución fiscalizada

Propone crear una Contraloría General de la República que realice los procedimientos administrativos y esperan que esto se haga con independencia partidaria.

Por otro lado, propone transformar la Corte de Cuentas “en una entidad colegiada que asuma estrictamente funciones de juicios de cuenta”, es decir, aquellos procesos contra funcionarios o exfuncionarios por el uso de fondos públicos.

En la propuesta de reforma, sugieren que los tres magistrados de la Corte de Cuentas sean elegidos con mayoría calificada, con una elección escalonada y una duración de nueve años; y que sus miembros no pertenezcan a algún partido político.

La ANEP señala en su estudio que la mayor parte de electricidad en el país se maneja a través de sociedades anónimas propiedad del Estado exentas de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y que “no están sujetas al control de la Corte de Cuentas y nunca han tenido una auditoría seria”.

Ayer, Luis Cardenal, presidente de la ANEP, reiteró lo que dice el informe de Enade: “El país está sumido en un constante deterioro de las instituciones contraloras, algunas de las cuales están copadas por intereses políticos”. Cardenal señaló que el “deterioro es tan grave” que los “adversarios más fieros” de la Corte Suprema de Justicia “no es el crimen organizado o la delincuencia común”, “sino diputados, funcionarios de gobierno y altos líderes políticos del Estado”.

Otra reforma propuesta en el Enade 2017 es otorgar independencia a la Fiscalía General de la República: propone una duración del cargo de seis años y una independencia presupuestaria.

Además, pide una Ley Procesal Constitucional que dote a la Sala de lo Constitucional de nuevas facultades para que pueda imponer y cuantificar los daños, algo que sería, explica el documento, una economía procesal para el sistema judicial.

 

Reformas constitucionales

La ANEP propone reformar el artículo 174 de la Constitución para que la Sala de lo Constitucional tome decisiones en los procesos de inconstitucionalidad con mayoría calificada y que los procesos de amparo y hábeas corpus, con mayoría simple.

También, sugiere otra reforma para evitar que los magistrados de la Sala de lo Constitucional sean trasladados a otras salas. Ambas situaciones ya están reguladas en sentencias de la Sala de lo Constitucional, pero la ANEP pide ponerlas expresamente en la Constitución.

 

Propuesta ENADE

 

Ley de Idoneidad Administración Pública

Una ley que prohibiría nepotismo y declararía nulos los casos en los que se haya configurado este problema, con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. La sanción sería la destitución, según la propuesta. También prohibe que condenados por delitos opten a cargo público.

 

Nueva Ley Procesal Constitucional

Reforma para garantizar que las inconstitucionalidades sean votadas con cuatro votos, prohibición del traslado a otras salas, reformar los requisitos para ser nombrado candidato a magistrado, destacando principios de máxima honorabilidad y máxima moralidad, y reformar leyes de selección de CSJ.

 

Crear Instituto Electoral

Propone crear un Instituto Electoral a cargo de la administración de los procesos electorales, sin tener funciones jurisdiccionales, y un Tribunal Supremo Electoral con competencias exclusivas de impartir justicia en materia electoral. Esto, dice ANEP, volvería los proceso electorales más transparentes, efectivos y modernos.

 

Ley de Finanzas de los Partidos

Aseguran que propusieron la Ley sobre Financiamiento de Partidos Políticos para minimizar la influencia del crimen organizado en la política y el desvío de fondos públicos a las campañas y para dar mayor legitimidad a los partidos. ANEP señala que el tema continúa siendo tratado con “opacidad”, pese a resoluciones de la Corte de Justicia.