La Corte debe responder en siete días al IAIP. / DEM


El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) estudiará la apelación interpuesta por una ciudadana que intenta conocer el escrito en el que consta el “procedimiento” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Sección de Probidad para investigar los patrimonios de funcionarios o exfuncionarios públicos.

La CSJ definió, el jueves, tres criterios para seleccionar a las personas investigadas en Probidad, que indaga si hay indicios de enriquecimiento ilícito, tomando como base declaraciones de bienes.

Los criterios definidos fueron tres: la antigüedad, para evitar su prescripción, la prominencia de los cargos y el acceso a fondos públicos, y la gravedad y notoriedad pública. Éstos fueron elaborados por la Comisión de Ética y Probidad y aprobados por la CSJ.

Una ciudadana intenta, a través del IAIP, conocer “el acta, acuerdo, memorándum, escrito o cualquier documento en que conste el procedimiento que ha definido la Corte en pleno para que la Sección de Probidad de la CSJ realice o desarrolle las investigaciones sobre las declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios o exfuncionarios públicos”.

La apelación fue interpuesta el pasado 20 de abril contra una resolución del oficial de información de la CSJ, que no entregó la información, alegando que correspondía pedirlo a la secretaría general.

El IAIP ha admitido, el 4 de mayo, la apelación, por lo que analizará si la CSJ debe informar o no del procedimiento para investigar. Según el fallo, el oficial de información de la CSJ debe remitir al IAIP expedientes del caso y la CSJ, rendir un informe en siete días.

A partir de investigaciones de la Sección de Probidad, la CSJ en pleno ha solicitado juicios civiles por indicios de enriquecimiento ilícito contra cuatro funcionarios: el diputado Reynaldo López Cardoza, los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca, y el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores; y ha informado que la Sección de Probidad investiga a otros 29 funcionarios y exfuncionarios. Ayer, el expresidente Mauricio Funes, quien enfrenta juicio civil, señaló que los criterios de la CSJ deben incluir a exvicepresidentes.