El movimiento Acción Ciudadana (AC) pidió, ayer, formalmente a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que audite a un total de 121 entidades privadas que recibieron fondos públicos, durante 2015 y 2016, por un monto de $14 millones, sin ningún tipo de auditoría ni rendición de cuentas.
Roberto Ocampo y Eduardo Escobar, representantes de AC, dijeron que la intención de la solicitud es que la Contraloría investigue con qué criterios se asignaron los fondos a estas entidades, y si esos recursos otorgados fueron utilizados para las actividades que las ONG dicen.
Las asignaciones de fondos las hace la Asamblea Legislativa por medio del Presupuesto General.
“No venimos a denunciar a ninguna de las entidades receptoras de los fondos públicos, sino que venimos a que se determine si estas entregas de fondos son legales. Nosotros dudamos que la Asamblea Legislativa tiene esa facultad de estar entregando ese dinero a entidades que no son estatales, y si en realidad esas entregas de dinero tienen alguna utilidad pública”, explicó Eduardo Escobar.
Roberto Ocampo refirió que las entidades Fundación Salvadoreña de Ayuda Comunitaria y Municipal (Fundasalcom) a la que la Asamblea destinó $150 mil; y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano (Fusafur), a la que se le otorgó un monto de $300 mil, que fueron creadas en noviembre de 2015 y en 2016 ya tenían asignados fondos.
“Eso es curioso”, comentó Ocampo.
A la fecha, la Corte de Cuentas ha recibido en total 148 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades en la administración pública, o por sospechas que tienen los denunciantes sobre un posible mal uso en los presupuestos de las distintas instituciones del Estado.