Las organizaciones se han reunido con delegados del nuevo Gobierno de Nayib Bukele, electo para el periodo presidencial 2019-2024, y ven muchas coincidencias, como el monopolio de la acción penal que posee la Fiscalía General de la República.
“Quisiéramos que estas declaraciones sean interpretadas por las autoridades del nuevo Gobierno como el inicio de una relación en un tono colaborativo... Queremos la oportunidad de participar de ese acuerdo y de ese diseño de la institucionalidad de la MICIC”, dijo Claudia Ortiz, coordinadora de Ciudadanía y Desarrollo de Funde.
Señaló que la misión debe garantizar la aplicación eficaz de las leyes y tener la facultad para investigar, permitiéndosele ser querellante desde el mandato del acuerdo internacional y de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) a través de comisiones especiales.
“Si la Fiscalía no sigue la investigación de determinados casos cuando a todas luces... que pueda existir la posibilidad de una querella como existe en Guatemala”, dijo.
Los representantes pidieron que la sociedad civil pueda participar en la discusión y en el diseño antes de concretar el proceso de formalización de la misión, que creen deberá pasar por la Asamblea Legislativa. Sugieren que tenga una duración de cinco años con posibilidad de renovación.
Independendiente y constitucional
Los representantes de las organizaciones piden que la misión internacional cumpla la Constitución de la República y las normas nacionales e internacionales para prevenir, combatir y erradicar la corrupción.
También que su naturaleza sea técnica y su mandato sea investigar actos de corrupción, basándose en independencia del Gobierno, del resto de instituciones del Estado y de grupos de poder económico y político; con imparcialidad, transparencia, publicando informes periódicos de su labor y rindiendo cuentas, permitiendo la participación ciudadana sistemática y efectiva.
Señalaron que la MICIC debe investigar actos de corrupción sistémica, desarticulando redes, así como hacer recomendaciones, dar cooperación técnica y asistencia a particulares que pongan denuncias o querellas. Sugieren así un Centro Ciudadano de Monitoreo y Evaluación independiente del Gobierno y de la misma instancia de apoyo internacional para enriquecer el trabajo de la misión.
