La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), la Universidad Don Bosco y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), presentaron un paquete de reformas a la ley especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.
Según los académicos el Conmigrantes –dependencia del Ministerio de Cancillería para atender a personas retornadas–, no tiene un aporte presupuestario fijo. En su artículo 39 la ley establece como fuente de financiamiento “los fondos presupuestarios que le sean asignados”.
El Gobierno salvadoreño, propone el Asocio, podría evaluar otorgar un porcentaje de lo que se cobra en pasaportes y otros trámites realizados por salvadoreños en el exterior, (recursos que ingresan a través de los consulados); o bien, financiarse con la venta de bienes inmuebles provenientes de la extinción de dominio.