El BCR tiene 180 días para elaborar las normas. / DEM
El Ministerio de Economía pidió una reforma a la Ley Especial para Asocios Público Privados que permitiría que el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) dirija los procesos de licitación, siendo autorizada por las instituciones respectivas.
“Las potestades y responsabilidades señaladas para las instituciones contratantes del Estado en dichos procedimientos, desde la precalificación hasta la evaluación de ofertas, serán asumidas por Proesa”, reza un nuevo inciso del artículo 34.
La propuesta permitiría asocios en el “diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las instituciones penitenciarias”, así como construcción y diseño de infraestructura para servicios de salud y educación públicas.
Se mantiene la exclusión de asocios en el suministro de agua potable por ANDA y municipalidades, pero sí los permite para sistemas de captación y almacenamiento de agua, tratamiento de aguas residuales y desalinización.
La propuesta de reforma incluye al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) entre las instituciones que pueden llevar a cabo asocios público-privados, aunque mantiene la excepción de servicios de salud, incluyendo los prestados por el ISSS.