Nuevas críticas se suman a la emisión de deuda a corto plazo por el Gobierno salvadoreño a través de la emisión de Certificados del Tesoro (Cetes) hasta por un máximo de subasta de $645,800,000 anunciada para hoy, esta vez sobre el monto de la tasa de interés.
El Gobierno está utilizando una figura de manera imprudente. Está obviando la autorización de la Asamblea Legislativa para emitir más deuda. Esto lo que significa es que el Gobierno se está endeudando de la forma más cara que puede adquirir deuda el país”, dijo René Portillo Cuadra, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El parlamentario sostiene que en casos de aprobación de préstamos que pasan por la Asamblea la tasa de interés ronda el 2.5%, mientras que las colocaciones que realiza el Ejecutivo superan el 7%.
De hecho, la colocación de Cetes por los $645.8 millones programada para hoy estaba prevista realizarse el 18 de septiembre, con una tasa anualizada de 6.5%; pero fue suspendida. La emisión que está en curso tiene una tasa del 7.5% y será ofrecida mediante subasta pública, a través del sistema electrónico de la Bolsa de Valores de El Salvador.
En Centroamérica quien coloca los bonos más caros y los Cetes más caros es El Salvador, precisamente por el nivel de riesgo que tiene la economía salvadoreña. Entonces el Gobierno obvia pasar por la Asamblea para que aprobemos préstamos baratos y dar explicaciones de a dónde va el dinero”, agregó Portillo Cuadra.
La base legal de la colocación de Cetes es el decreto 640 que avaló la búsqueda de recursos hasta por $1,000 millones, de los cuales $600 millones se establecieron para el fideicomiso para la reactivación económica para las micro, pequeñas y medianas empresas, y el resto para el pago de proveedores así como la devolución del IVA a las exportaciones.
Portillo Cuadra afirmó que esa autorización ya se terminó, “ya el decreto 640 no le da para seguir colocando más bonos en la banca nacional porque ya los colocó”.
La diputada Cristina Cornejo, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó la incertidumbre sobre si esos recursos se destinarán para la reactivación económica o para cubrir gasto corriente.
Tenemos mucha preocupación porque ese fondo de $600 millones que habíamos aprobado para la pequeña, mediana y micro empresa el Gobierno lo quiere utilizar para pagar el tema de IVA (Impuesto al Valor Agregado) que se debe y para pagar otro tipo de gastos ordinarios”, dijo Cornejo.
Desde el fin de semana, parlamentarios externaron su preocupación por la emisión de deuda. “En la pandemia El Salvador es de los países con mayor porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) comprometido, mayor reducción en exportaciones y mayor desempleo. Quebró al país”, dijo Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en su cuenta de Twitter.
En junio de 2020 el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estimó que El Salvador concluirá 2020 con una deuda cercana al 92.1 % del PIB. Mientras que la deuda pública total de El Salvador creció 10 % en el primer semestre de 2020 al cerrar en $21,258.37 millones, según datos del Banco Central de Reserva.