Sindicalistas y movimientos presentaron solicitudes para derogar la ley bitcoin.
Miembros del Movimiento Sindical Independiente y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular realizaron una protesta contra la implementación de la Ley Bitcoin, que iniciará su vigencia el 7 de septiembre.
Ambos movimientos presentaron piezas de correspondencia en las que solicitan que se derogue la Ley Bitcoin.
Dieron iniciativa de ley a la pieza de los sindicalistas los diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) René Portillo Cuadra y Ricardo Godoy. La solicitud del Bloque Popular fue respaldada por las diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Anabel Belloso y Dina Argueta.
La primera duda es si es negocio público o si es privado. ¿Quién se va a ver beneficiado con todo esto con una moneda tan volátil?”. René Portillo Cuadra, diputado de Arena
En desacuerdo.
“Creemos que la implementación de esta ley, que conlleva uso de más de $203 millones hubiese podido potenciar otros entes como seguridad, salud, educación. Esta ley, en vez de beneficiar al pueblo salvadoreño, va a traer afectación económica”, dijo Stanley Quinteros, secretario del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales (Sejes).
De no haber respuesta favorable de la bancada mayoritaria, no descartan hacer más actividades de protesta.
Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia, considera que la Ley Bitcoin es “una ley dañina” para el 99 % de la población. “Una ley que beneficia a los grandes empresarios que puedan invertir sus millones; pero también permite al narcotráfico lavar su millones sucios”, dijo.
No es posible que los riesgos se les siga trasladando a la población, al igual como siguen repitiendo que no es obligación la ley”. Anabel Belloso, diputada del FMLN
Critican reglamento.
El reglamento de la Ley Bitcoin publicado en el Diario Oficial el 27 de agosto de 2021 dice que, en el caso de las billeteras digitales ofrecidas por el Estado, los bancos “deberán prestar sus servicios como plataformas de intercambio” sin generar comisión para el usuario final.
“Es una de las cosas que riñen con el régimen jurídico salvadoreño. La única que manda, prohíbe o permite es la ley, no un reglamento. Si eso querían decírselo a los bancos lo hubieran dicho a través de la ley, no de un reglamento”, dijo.
“Hay que recordar que la banca aquí funciona con los ahorros de las personas. El dinero que está en juego ahí no solo es el del banquero”, expresó por su parte Belloso.